La presencia narco-paramilitar en Europa

La denuncia que hace la Senadora Piedad Córdoba sobre la presencia de narco-paramilitares en España es oportuna y veraz. Desde las páginas de las agencias alternativas que nos han acogido hemos denunciado éstas políticas agenciadas desde el Estado colombiano.

Las políticas en mención fueron diseñadas y adelantadas por el DAS durante la dirección de Jorge Aurelio Noguera Cotes para la creación de ”100.000 amigos en el exterior”, la cual contó con el manejo reservado por parte del vicepresidente Francisco Santos y Noguera, en cumplimiento de la orientación presidencial que en su posesión en 2002 juró conseguir “cien mil amigos de Colombia en el exterior”. (Ver La inteligencia colombiana en abierta intervención en México. Dick Emanuelsson )

El Partido Vanguardia Popular de Costa Rica denunció ésta presencia en los países de latinoamérica en un artículo titulado ”Colombia: La encrucijada de la Democracia”, y la labor que venía realizando el DAS con la embajada colombiana en Costa Rica de ”censar a los refugiados” en ese país.

Todo ello desembocó en la persecución del Dr. Hernando Vanegas, refugiado político en ese país durante 7 años y la propuesta de Jorge Noguera Cotes de que trabajara para ellos, sustentada en la presión policial, y ante la negativa del médico montaron un operativo de secuestro al estilo Granda, lo cual llevó a las autoridades de ACNUR a conseguirle refugio en Suecia.

En el intríngulis de la persecución al médico se supo que el gobierno colombiano llevaba ”refugiados” a miembros de las organizaciones narco-paramilitares que eran desalojados por la guerrilla, les conseguía el refugio y los dejaba allí tirados, lo cual ”obligó” a esos ”refugiados” a buscar reasentamiento en Canadá y Europa.

Para el año 2005 se denunció que más de 100 de esos ”refugiados” habían sido aceptados por el estado sueco, según su libre albedrío. Es de señalar que hasta el momento no se hecho patente que estos refugiados hayan estado inmersos en actos de persecución a los refugiados políticos en Suecia, pero no por ello se debe estar tranquilos.

Mas la cosa no parece ser igual en España, país en el cual se mueven mafías de narcotraficantes y sus esbirros. La denuncia de la Senadora Piedad Córdoba y el ”accidente” que sufrió al ser estrellado el taxi en que viajaba, merecen una condición especial porque demuestra que en España si cuentan con el aparataje para realizar acciones militares.

La denuncia realizada por el el abogado Enrique Santiago, defensor de ciudadanos colombianos en España, quien señaló a la cadena Telesur que “hay una importante colaboración dentro de la policía española y Europea con los cuerpos de seguridad colombianos, quienes tienen una clara convivencia con los cuerpos paramilitares que acosan, persiguen y amenaza a los refugiados y exiliados colombianos en España y en toda Europa”, es de tener en cuenta y nos impulsa a solicitar la debida protección a los refugiados políticos residentes en España a las autoridades del gobierno Zapatero.

Es preocupante ésta denuncia por cuanto significa la certeza de la realización de operativos militares contra los refugiados políticos, trasladando la guerra allende las fronteras, una de las premisas que manejaba el vicepresidente Francisco Santos con el ”millón de amigos” y demuestran que las amenazas de Uribe Vélez cuando decía que ”le llegaría, los alcanzaría” a los que él considera ”guerrilleros de civil”, son ciertas. Y entiende uno el verdadero significado del trabajo de espionaje adelantados por personajes como Ernesto Yamhure en la embajada colombiana en Suecia (Ver: Blog Dick Emanuelsson).

La vida de los refugiados políticos colombianos están en manos de las autoridades de cada país y cada uno de esos países es responsable ante los organismos de derechos humanos internacionales como ACNUR por la vida y la seguridad de los refugiados políticos que en su libre albedrío tuvo a bien acoger.

Nada más terrorífico que el régimen narco-paramilitar de Uribhitler lograra una hazaña más asesinando a los refugiados políticos en su amplia constelación de violación de los derechos humanos de los colombianos. Y nada más lamentable que haya autoridades de los países europeos que le permitan al régimen narco-paramilitar cometer tales actos en su propio país.

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