Un gobierno fuera de la ley

La oligarquía colombiana -la tradicional y la mafiosa, que hoy día son una- no duda en violar las propias leyes que ellos han creado con tal de perpetuarse en el poder. ¿A quién solicitarán los ciudadanos colombianos para enviar a la cárcel a los que violan la Constitución?

ANNCOL

La oligarquía colombiana -la tradicional y la mafiosa, que hoy día son una- no duda en violar las propias leyes que ellos han creado con tal de perpetuarse en el poder. No solamente en el ejercicio violento del poder -violencia fisica evidenciada en las violaciones de derechos humanos y en la violencia desde las estructuras-, el estado colombiano violenta y viola su propio régimen burgués. Es también en el avasallamiento de los otros poderes que un dictadorzuelo de la calaña de Uribhitler realiza a sus intereses, que en últimas son mantenerse en la 'silla eléctrica' del solio presidencial, aún a costa de perecer electrocutado.

De sobra está hablar de las componendas que los narco-paramilitares y Jorge Noguera Cotes hicieron para las elecciones del 2002 que desde entonces configuraban que este gobierno mafioso y paramilitar estaba transitando el espinoso y explosivo camino de la ilegalidad y la ilegitimidad. Ilegalidad e ilegitimidad que vinieron a ser 'refrendadas' con el co-hecho de la yidis-política, que debe estar retumbando en su cerebro cual el cilindrazo del 7 de agosto de 2002. "Yidissita, tenga por seguro, que lo que le prometieron los ministros eso se cumplirá. Téngalo por seguro", dicen que decía el narco-paramilitar presidente muy melosamente y con voz meliflua. Y la pobre muchacha ingenua escuchó los 'cantos de sirenas' que le hacían sonar en la Casa de Nariño. Y delinquió inducida por los 'bandidos'.

En razón de lo fraudulentas e ilegales de las dos elecciones, sustentadas en el delito electoral cometidos por narco-paracos y Noguera Cotes en el 2002, y en la reforma del 'articulito' de la Constitución de Yidis-Uribhitler para poder re-elegirse 2006 -vea que digo 're-elegirse-, y nuevamente en delitos electorales, el estado colombiano en su conjunto es un estado por fuera de la ley. Es decir, son fascinerosos.

Ya lo hemos dicho en ANNCOL una y mil quinientas veces. Una acción ilegal no da derecho. Es un imposible jurídico. Es más, todo lo que ese gobierno o estado haga a partir de su acto ilegal -reforma del 'artículo' y constricción del derecho del voto-, son acciones que están viciadas de nulidad por el delito cometido. Es así de sencilla la cosa.

Pero que la Corte Prostitucional -con el voto salvado de Jaime Araújo-, que llaman la 'conciencia jurídica' del país, no quiera entender que el gobierno está inmerso en causal de nulidad, definitivamente los vuelve inmersos a ellos en los mismos delitos, u otros delitos, y en una práctica política que realmente lleva el 'estado de derecho' al despeñadero. Mas la Corte Prostitucional actúa así porque sus propios magistrados están inmersos en irregularidades de todo tipo. En este desmoronamiento jurídico que el régimen de Uribhitler ha porpiciado para favorecer sus canallescos intereses, no podemos olvidar quién ha 'nombrado' a esos actuales magistrados.

En ese desmoronamiento jurídico e institucional la única que ha sacado la cara es la Corte Suprema, quien está actuando conforme a derecho. Y es aparentemenete paradójico que nosotros, desde la izquierda, estemos defendiendo el 'estado de derecho' que pretendemos destruir para construir un 'nuevo Estado de Derecho', y en esa defensa encontremos tantos puntos de coincidencias con la Corte Suprema. En ese nuevo Estado de Derecho que vamos a construir, quizá valga contar con la participación de una Corte Suprema que ha demostrado hasta lo indecible lo que significa el apego a un ordenamiento jurídico, así estén errados en la filosofía del régimen burgués (Pero esto es otra discusión de otro momento).

Así las cosas, el régimen y sus personeros, Uribhitler y camarilla, están fuera de la ley. Y como bandidos fuera de la ley deben ser perseguidos por las autoridades competentes para encarcelar a los 'bandidos' que están por fuera del orden jurídico burgués y mucho más del orden jurídico popular. Pero como esas autoridades competentes están en manos de los 'forajidos', entonces corresponderá solicitarle a una fuerza armada ajena al ordenamiento jurídico actual para que ayude a superar el conflicto.

Precisamente eso es lo que hacemos ahora los colombianos. Por ello muchos colombianos tienen los ojos puestos en las FARC-EP, una fuerza armada popular ajena a los intereses oligárquicos, que está fuera del ordenamiento jurídico burgués pero dentro del ordenamiento jurídico popular, para que le dé la manito a los colombianos y ponga en la cárcel a los 'bandidos'.

Y entonces todos, partidos políticos, sindicatos, organizaciones gremiales, organizaciones sociales, FARC, ELN, en fin, el conjunto de la sociedad colombiana, entraremos a dialogar sobre ese Nuevo Estado que queremos construir entre todos. Lo que evidencia que en Colombia estamos viviendo y sufriendo una aparente paradoja de la realidad. Pero en lo que estamos de acuerdo todos es que los que están fuera de la ley, Uribhitler y su camarilla, serán enviados a prisión.

ALP

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